Recientemente tuve el privilegio de asistir, junto a representantes de COPITEC, CICOMRA y CESSI (ninguno de los cuales, lamentablemente, respeta los estándares en su sitio web), a una reunión de asesores de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados. Nos habían invitado allí para expresar nuestra posición respecto de un proyecto de ley, impulsado por los diputados Córdoba y Macaluse, que fija criterios sobre términos de licenciamiento de software aceptables para la Administración Pública, y eventualmente sugerir mejoras al texto propuesto.

El entusiasta apoyo de Fundación Vía Libre al proyecto fue, por cierto, tan poco sorpresivo como la enérgica oposición de CESSI, algunos de cuyos socios parecen estar aterrados ante la idea de que el Estado, antes de adquirir software, se fije en las condiciones de licenciamiento bajo las que se lo ofrece. Lo que sí fue llamativo fue lo absurdo de la argumentación de CESSI, que con tal de defender su tesis no dudó en hacer afirmaciones claramente reñidas con la realidad observable.

La piedra de la discordia

La cláusula operativa del proyecto de ley al que CESSI se opone está redactada, como todo artículo legislativo, en soporífera prosa legal, pero es importante citarla en este lugar para poder contrastar el proyecto con la argumentación en su contra, y reza:

Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto establecer un régimen de incorporación y desarrollo de software en el Sector Público Nacional, que garantice la debida protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad y compatibilidad de la información, utilizando en sus sistemas y equipamientos informáticos, programas informáticos cuyas condiciones de uso respeten la libertad del usuario de:

  1. Ejecución irrestricta del programa para cualquier propósito;
  2. Acceso irrestricto al código fuente o de origen respectivo;
  3. Inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa;
  4. Uso de los mecanismos internos y de cualquier porción arbitraria del programa para adaptarlo a las necesidades del usuario;
  5. Confeccionar y distribuir copias del programa, ya sea en su forma original o con modificaciones, como mínimo bajo los mismos términos de licencia.
  6. Modificación del programa y distribución libre, tanto de las alteraciones como del nuevo programa resultante, bajo las mismas condiciones del programa original.

Esa palabra no quiere decir lo que usted cree

El primero de los argumentos de CESSI fue que fijar estos criterios en los términos de licenciamiento de software para el Estado viola el principio de “neutralidad tecnológica”. Esta tesis es completamente incomprensible, a menos que nos pongamos de acuerdo en que, de alguna manera, las condiciones de licenciamiento constituyen tecnología, algo que no he visto propuesto por ningún autor.

La confusión de CESSI probablemente venga por el lado de que existen programas cuyas licencias no cumplen con los criterios exigidos por el Artículo 1º citado más arriba, y que por lo tanto estarían excluidos de la posibilidad de ser usados en la Administración Pública. Pero esta exclusión no se debe a ninguna característica técnica de los programas, sino exclusivamente a una decisión comercial por parte de quienes lo venden de no ofrecerlo bajo las condiciones que el Estado, por muy buenas razones, requiere.

La neutralidad tecnológica de una decisión sobre software o equipamiento está dada cuando ésta no pone condicionamientos sobre otras decisiones tecnológicas propias o ajenas. Un ejemplo, lamentablemente muy frecuente, de falta de neutralidad tecnológica puede verse cuando un sitio web de gobierno sólo puede verse correctamente con determinado navegador. De hecho, durante cerca de una década, los lineamientos de ONTI exigían que todas las computadoras personales adquiridas para la administración pública estuvieran equipadas con Microsoft Windows y Microsoft Office. Hubiera sido muy edificante, en aquel momento, ver a CESSI quejándose de esa auténtica violación de la neutralidad tecnológica con la misma vehemencia con la que lo hace ahora ante algo que no la afecta.

Cero en derecho de autor

El segundo conflicto que CESSI planteó fue que los términos exigidos por el proyecto de ley violan el derecho de autor sobre los programas. El derecho de autor, regulado en nuestro país por la lay 11.723, otorga el autor el control sobre la reproducción de la obra (en este caso, del software), y los autores pueden ejercer ese control de distintas maneras: algunos lo hacen imponiendo las mayores restricciones posibles a la reproducción, mientras que otros las relajan en mayor o menor medida, mediante licencias. El proyecto de ley simplemente dice que para el Estado no son aceptables las licencias que restringen la copia, porque no son suficientes para su misión.

Para crédito de CESSI, no fue ese el aspecto que despertó su rechazo, sino el requerimiento de dar al usuario acceso al código fuente del programa: según su presidente, el problema es que eso abre la posibilidad de que otros copien partes del programa. Por cierto, esto es exactamente lo que pasa con todas las obras bajo derecho de autor: cuando alguien publica un libro, los lectores tienen la posibilidad, en principio, de copiar el texto y atribuírselo a sí mismos, lo que efectivamente sería una violación del derecho de autor… sin embargo no estoy consciente de ningún autor que esté reclamando que los libros sean vendidos con todo el texto oscurecido, para que nadie pueda leerlos.

Independientemente de la peculiar interpretación que CESSI (¡el organismo que oficia de agencia del Registro Nacional de Propiedad Intelectual para software!) hace del derecho de autor, el proyecto de ley en discusión es puntillosamente respetuoso del derecho de autor. Quien entienda lo contrario deberá aportar una referencia concreta señalando cuál de las cláusulas de la ley 11.723 es la que entra en conflicto. Todo lo demás es un burdo intento de generar confusión.

Negar la realidad

A la hora de defender lo indefendible (que el Estado no debe tener en cuenta el modelo de licenciamiento, cuando lo único que puede adquirir es licencias), CESSI no dudó incluso en negar la realidad palpable y medible. Según su presidente, de sancionarse el proyecto de marras, no se produciría más software porque “nadie va a invertir en desarrollar un programa si luego tiene que entregarlo en estas condiciones”.

Lo gracioso del tema es que en las mismas filas de CESSI hay empresas concretas, desde las chicas y nacionales como Pixart y a las gigantes extranjeras como IBM, que hacen grandes inversiones en desarrollo de software con la expresa intención de publicarlo como software libre. Algunos de ellos lo hacen porque comprenden que es la única manera socialmente responsable de distribuir software, otros porque tienen en claro que es el único modelo de negocios en software que está creciendo, cuando todos los demás están en retroceso.

Como sea, sería interesante que estas empresas hicieran una capacitación interna para el presidente de CESSI, para que deje de echarle tierra a sus modelos de negocios cuando habla en público.

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