La última vez que escribí sobre la Cruzada para Tipificar el Delito de Suplantación de Identidad Digital terminó armándose un lindo (bueno, al menos acalorado) debate, tanto aquí como en el sitio de los que la proponen.

Luego de muchas idas y vueltas, terminamos en que la única acción de estas personas caracterizan como “robo de identidad digital” que no es ya delito por otras razones (estafa, robo, etc.) corresponde a aquellos casos en los que algún individuo se hace pasar por otro (ponele, un político) en foros digitales y postea cosas desde esa identidad asumida, lo que podría afectar su reputación.

Personalmente, no me parece que el código penal deba asignar tanto valor al amor propio de personas públicas demasiado susceptibles, y parece que no estoy solo en esa apreciación. En particular, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó en 2011, a raíz del caso de un periodista filipino que la Declaración Universal de Derechos Humanos exige que incluso en casos de difamación las sanciones penales deben ser reservadas para casos extremos, y advierte que el encarcelamiento nunca es una pena apropiada (párrafo 8.9 de la decisión).

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