Cómo reconocer una política de Estado desde una distancia considerable

Hace algunos días, la Presidente de la nación, junto con varios de sus ministros, recibió a ejecutivos de Microsoft que venían a presentar un “plan de desarrollo sustentable” para Argentina. Militantes de la propia Presidente expresaron su decepción ante esa reunión en una carta abierta, que tuvo alguna repercusión en los medios. La ministro de industria, Débora Giorgi, respondió a esa carta abierta asegurando que “el software libre es política de estado” de este gobierno, lo que fue celebrado por sus autores como una muestra del compromiso del gobierno con el software libre.

El problema es que una política de estado es, o debería ser, más que palabras. La evidencia de apoyo al software libre que destaca la ministro Giorgi no es tal: cada una de las afirmaciones que hace en su respuesta es exactamente igual de cierta si en ellas reemplazamos “software libre” por “software privativo” (incluso sigue siendo cierta si lo reemplazamos por “software de Microsoft”, específicamente, que es peor).

Una verdadera política de estado a favor de software libre sería, en realidad, muy fácil de detectar: hay muchos indicadores que evidenciarían su existencia. Veamos algunos de ellos.

Directivas formales claras

Una política de estado es una decisión que el Estado se auto-impone. Siendo el Estado un complejo entramado de organismos y personas, una decisión de este tipo debe ser expresado formalmente en reglas claras, que todos los agentes del Estado deben cumplir. La forma idónea para este tipo de regulación es una ley, como la sancionada en Santa Fe en el 2009, exigiendo que la Administración Pública únicamente use software que respete las cuatro libertades esenciales del usuario. Lo mismo hizo la ciudad de Rosario a través de una ordenanza municipal.

Por cierto, sancionar leyes suele ser una tarea ardua, que requiere diálogos, negociaciones, construcción de consensos. Por lo general demora mucho tiempo… pero no para este gobierno, que tiene mayoría en ambas cámaras, y que ha demostrado que puede pasar leyes en cuestión de apenas meses, como cuando extendió la duración de los derechos de los productores sobre los fonogramas, efectivamente re-privatizando obras que ya estaban en el dominio público. Si el software libre realmente es política de Estado, ¿dónde está la ley que la expresa?

En rigor de verdad, ni siquiera es necesaria una ley propiamente dicha para demostrar la voluntad política de adoptar software libre: si ésta realmente existiera, bastaría con un decreto administrativo para poner los engranajes en marcha.

Sin embargo, no hay nada por el estilo: no existe directiva formal alguna que ordene la migración a software libre, ni siquiera una que proponga una preferencia por éste. Lo más parecido que hay es un confuso programa a favor del “software público argentino”, un término deliberadamente vago que incluye tanto software libre como privativo y por lo tanto es vacío de significado.

Migración concreta

Cabe la posibilidad de que el gobierno prefiera no utilizar canales formales como las leyes y los decretos para no despertar tempranamente la ira de los poderosos proveedores de software privativo mientras realizan una migración sin llamar la atención. Pero dos datos contradicen esa idea.

El primero es, por cierto, que publicar en los diarios que el software libre es política de estado no parece ser la mejor manera de ocultar las declamadas intenciones libertarias del gobierno.

El segundo, mucho más fuerte, es que una voluntad informal de migrar al software libre también debería ser fácilmente detectable, con tan solo observar su uso en los organismos públicos. Pero no basta con constatar “acá se usa software libre”. Todo el mundo usa hoy software libre, incluyendo a todas las empresas de software privativo. Hay que analizar la proporción de software libre a software privativo que, en presencia de una política de estado, debería ser significativamente mayor en la administración pública que en la actividad privada. Sin embargo, no es ese el caso: según los responsables de informática del gobierno, alrededor del 60% de los servidores de la administración pública usa software libre, lo que no sólo no dice absolutamente nada del software de escritorio, sino que además está como mucho a la par de la proporción habitual en el mercado.

Si no podemos constatar que el gobierno usa más software libre que el que usaría en ausencia de una política de estado, deberíamos al menos ver que ha asignado partidas presupuestarias para adoptarlo, y que lo está haciendo a un ritmo más acelerado que la media del mercado. Tampoco eso está pasando.

Reducción de obstáculos

Como mínimo, podríamos esperar que una política de Estado de software libre promoviera que los ciudadanos usen software libre. Sin embargo, no lo hace.

Algunos creen ver una promoción de ese tipo en el hecho de que las máquinas del programa Conectar Igualdad estén equipadas con software libre. Eso queda desmentido por el hecho de que las máquinas también salen con Microsoft Windows. Si ser parte de Conectar Igualdad fuera señal de una política de Estado, entonces claramente estaríamos también ante una a favor de Microsoft. Si además tenemos en cuenta que equipar esas máquinas con Windows implicó asignar una partida presupuestaria a la compra de licencias que de otro modo no hubieran sido necesarias, veremos que el gobierno tiene más voluntad de apoyar a Microsoft que al software libre.

De hecho, lejos de promover el uso de software libre, la administración pública lo obstaculiza: la TV y la radio pública están disponibles por Internet, pero sólo en formatos de Microsoft, AFIP sigue exigiendo que los contribuyentes usen programas que sólo corren bajo Microsoft Windows, docentes de facultades universitarias que decidieron usar sólo software libre deben salir a buscar una máquina con Microsoft Windows para poder llenar los formularios de categorización de la Secretaría de Ciencia y Técnica, lo mismo les ocurre a quienes quieren presentarse a programas de subsidio del Estado que requieren el uso de Microsoft Word y Microsoft Excel… la lista es larga.

Por cierto, algunas de estas son situaciones heredadas de gobiernos anteriores (no es el caso del formato de los medios públicos, ni de la inclusión de Microsoft Windows en las máquinas de Conectar Igualdad), pero al menos debería ser posible ver que hay planes concretos de corregirlas, con presupuesto y calendario asignados. Nada de esto está pasando.

La política de Estado ¿Dónde está?

Una política pública es inocultable: nadie tiene dudas de que hay una política de Estado de poner computadoras en manos de todos los estudiantes secundarios, o de limitar las importaciones, no hace falta que nadie las declame.

A menudo se citan palabras del prócer máximo del partido gobernante: “mejor que decir es hacer”. En materia de software libre, tenemos funcionarios del gobierno afirmando que su uso es política del Estado, y sería maravilloso que así fuera, pero las acciones concretas y las propias actitudes de la Presidente sugieren más bien lo contrario.

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