Casi todos sabemos, hoy, que los programas de computadora están bajo el régimen de derechos de autor. Sin embargo, las restricciones impuestas por el derecho de autor son mucho menos estrictas que las que están presenes en muchas licencias de software. Lo que ocurre es que la mayoría de las restricciones impuestas al usuario no son consecuencia del derecho de autor, sino de un contrato que usa al derecho de copia como punto de apoyo para forzar su aceptación.

La mayor parte de los usuarios de software está enterada, de una manera u otra, que los programas de computación están bajo el régimen de derechos de autor. Esto no siempre fue así: como cosa nueva, los programas de computadora estuvieron durante un buen tiempo en un vacío legal. Más o menos recientemente, la mayoría de los países actualizaron, en cumplimiento de tratados internacionales, sus regímenes de derechos de autor para abarcar también al software.

Esta decisión de someter a los programas a un régimen similar al de la música y la literatura es un gran acierto, ya que reconoce la naturaleza esencial del software como expresión cultural. La alternativa de considerarlo un objeto tecnológico, y por ello patentable, hubiera sido una enorme calamidad, tal como están comprobando los países que adoptaron recientemente esta posibilidad. Sin embargo, el ponerlo aun sistema operativo bajo exactamente el mismo régimen legal que a una canción de los Backstreet Boys o una colección de cuentos de Bioy Casares (¡perdón por la compañía en la que te pongo, Adolfo!) no se ajusta del todo a la naturaleza de la cosa: el software tiene características especiales que sugieren que un régimen similar, pero no idéntico, sería más adecuado.

Más allá de eso, mucho usuarios suelen estar confundidos acerca de los alcances del derecho de autor, y piensan que las restricciones impuestas a los usuarios por las licencias de los programas de computadora son atribuibles al derecho de copia (copyright) y no a la complicada combinación de derecho contractual, secreto industrial y medidas técnicas que en realidad están en juego.

Restricciones, restricciones, restricciones

Si los programas de computadora fueran distribuidos meramente bajo las restricciones del derecho de copia, los usuarios podrían hacer con ellos muchas cosas que a menudo les son vedadas mediante la licencia. Básicamente, la única restricción que tendrían sería la de confeccionar copias del programa sin permiso del autor, ya que esa es la esencia de los derechos patrimoniales que exige la Convención de Berna. Sin embargo, muchas licencias de uso de programas de computadora prohiben actividades que no son consecuencia directa del derecho de copia. Por ejemplo, hay muchas licencias de software que prohiben usar el programa con el objetivo de medir su desempeño y publicar los resultados. Muchas otras prohiben al usuario desentrañar el funcionamiento del programa, decodificar el formato de almacenamiento de los datos, o modificar el programa de cualquier manera.

Comparemos esto con lo que pasa con un libro, y veremos que es impensable que un autor distribuya una canción bajo un contrato que prohiba la publicación de críticas. Tampoco es razonable pensar en una novela que prohiba al lector analizar la estructura narrativa y las particularidades estilísticas del autor, o en la que sea ilegal usar los márgenes de las páginas del libro para dibujar una secuencia animada que se vea al pasar rápidamente las hojas. Nada de esto es parte del derecho de autor.

¿Cómo se las arreglan entonces quienes publican software para someter a los usuarios a tales condiciones? Lo hacen a través de los Contratos de Licencia de Usuario Final (CLUF), que son los que incluyen todas las restricciones adicionales. Para que un contrato obligue a una persona, sin embargo, es necesario demostrar que ésta era consciente de las condiciones del contrato, y que las aceptó voluntariamente. En la mayoría de los contratos, esto suele resolverse firmándolos. Pero para las empresas de software sería demasiado costoso hacer que cada usuario firmara la licencia, y eso sin tener en cuenta siquiera el trabajo de almacenar y administrar los contratos firmados, o el hecho de que muchos menos usuarios aceptarían las condiciones si efectivamente tuvieran que firmar un contrato antes de usar el programa.

El copyright como herramienta para forzar contratos

Algunas empresa de software aplican el derecho de copia como mecanismo para resolver este dilema y bajar sus costos de transacción. Para ello aprovechan una de las características en las que el software se distingue de los libros y la musica: mientras que éstos pueden ser disfrutados directamente, para ejecutar un programa primero es necesario instalarlo en una computadora. Esa instalación consiste, esencialmente, en hacer una copia del programa en el disco de la máquina. Es posible interpretar el derecho de copia de tal manera que el usuario no puede copiar un programa a su disco sin permiso explícito de su autor, y esta es la oportunidad que algunos aprovechan como indicador de conformidad de la aceptación del contrato: otorgan al usuario el permiso (licencia) de hacer esa copia, imprescindible para ejecutar el programa, a cambio de que acepte las condiciones del contrato. Más tarde, ante la eventualidad de una violación del contrato, el usuario se ve enfrentado a una decisión difícil: puede desconocer la licencia y sus términos, pero en ese caso es culpable de violación del derecho de copia por haber copiado el programa sin autorización, o puede decir que hizo las copias en virtud del permiso otorgado por el CLUF, caso en el cual no puede negar estar ligado a sus condiciones.

Así, aún cuando muchos distribuidores de software toman medidas rayanas en lo ridículo para evitar que los usuarios lean las condiciones del contrato (como por ejemplo no incluir copias impresas de éste con el software, y recién mostrárselo al usuario durante el proceso de instalación, en una ventana en la que apenas pueden leerse ocho líneas de texto a la vez), los usuarios tienen serias dificultades para argumentar que no han asumido el compromiso legal de cumplirlas. Esta es la manera en la que el derecho de copia es usado como punto de apoyo para forzar al usuario a aceptar condiciones mucho más restrictivas que las previstas originalmente.

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