Este artículo fue publicado en el blog 911sistemas
del diario Crítica de la Argentina el 30 de Julio de 2009.
La discusión que allí generó es interesante, también.

El concepto de “piratería” en la industria de los medios es confuso y cambiante. De hecho, el primero en usarlo en este contexto fue Emilio Salgari, quien en una de sus notas de suicidio escribió: “me pasé la vida escribiendo sobre piratas, pero los únicos auténticos piratas que conocí fueron mis editores”. Más tarde, hubo quien comenzó a llamar “edición pirata” a las ediciones comerciales de obras realizadas por editoriales distintas de la que detentaba su monopolio de copia. Hoy pretende aplicarse el mismo adjetivo “piratas” a los individuos que realizan copias de obras bajo derecho de autor, aún sin fines de lucro. En EEUU, desde la sanción de la muy controvertida Digital Millenium Copyright Act, hay quienes quieren expandir el término aún más, para abarcar también a aquellos que produzcan dispositivos que puedan ser usados para violar un copyright, aún cuando el dispositivo sea necesario para acceder a una obra por la que el usuario pagó.

La razón por la que la industria de medios es tan amiga del término “piratería” es que inmediatamente evoca una imagen negativa, de violencia y saqueo, en la que ellos son las víctimas que se ven privadas de “su propiedad”. Porque así es como se ven a sí mismas: como dueñas de las obras que publican. Fue hace poco, en una conferencia que diera la abogada de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que escuchamos cómo un abogado se alarmaba del hecho de que “la sociedad se está apropiando de la cultura”.

Es cierto que están enormemente confundidos, pero convengamos que no es exclusivamente su culpa: a lo largo de la mayor parte del siglo XX, la sociedad occidental delegó en ellos la difusión de la cultura. También es cierto que no la delegó del todo libremente: al fin y al cabo, durante casi todo ese siglo, la industria de medios era la única que estaba en condiciones efectivas de difundir la cultura en forma masiva, ya que los medios necesarios para la reproducción y distribución de obras a gran escala estaban muy fuera del alcance de los bolsillos particulares. El hecho es que, luego de un siglo entero de ser los guardianes de la cultura, los que deciden qué se divulga y qué no, los que controlan quiénes tienen acceso a cuál público, no es raro que se hayan acostumbrado a ese poder, que les cueste aceptar que esa función, que sólo recaía en ellos debido a limitaciones de la tecnología disponible, ya no les corresponde en el entorno tecnológico actual.

Quizás parezca extraño traer a la tecnología a colación cuando discutimos sobre copyright, que es un concepto legal, pero no lo es. Al fin y al cabo, fue un cambio tecnológico — la (re)invención de la imprenta de tipos móviles en Europa — lo que planteó la necesidad de establecer un monopolio temporal negociable sobre la explotación comercial de las obras, como una forma de regulación industrial que permitiera a las imprentas recuperar el alto costo de editar un libro. Antes de Gutenberg (en realidad, hasta más de 250 años luego de Gutenberg, que fue lo que demoró en aparecer la primera legislación occidental en este sentido, el Estatuto de la Reina Ana), no había restricción alguna sobre la copias y distribución de obras.

Hoy participamos de un nuevo cambio tecnológico: la humanidad está empeñada en la construcción de una máquina de copiar de dimensiones planetarias, Internet, la red de redes, máquina cuya operación única y fundamental es la de copiar datos de una computadora a otra. En esta nueva realidad tecnológica, la industria de medios ya no es la única con capacidad de difundir cultura: con una módica inversión en una computadoras personal y una conexión a la red, los particulares pueden convertirse en difusores de cultura más eficaces y eficientes que lo que la industria jamás pudo o quiso ser. Ésta, mientras tanto, se encuentra en la incómoda situación de pretender sostener sus privilegios en un contexto en el que sus servicios son prescindibles y, en muchos casos, incluso contraproducentes.

No es un pirata de pata de palo, parche en el ojo y loro al hombro, sino Horacio Potel, un circunspecto profesor universitario, por ejemplo, quien carga hoy con una demanda penal por publicar en la red una recopilación de textos de Jacques Derrida en Castellano, ampliamente consultada por estudiantes de filosofía del mundo hispanoparlante. La demanda fue hecha a instancias de una editorial francesa que detenta los derechos de algunos de esos textos. Poco parece importar el hecho de que esta editorial no publica ninguno de esos textos en Castellano, y ni siquiera en Francés los vende en América Latina, ni que muchos de los textos recopilados no se consigan en Argentina por mucho que uno quiera pagar por ellos. La editorial se considera dueña de Derrida, y es irrelevante que Potel no haga ningún dinero con su trabajo, ni que ellos mismos no puedan perder ventas de libros que no ofrecen: Derrida es de ellos, y ellos son quienes deciden si la gente puede leerlo o no, y bajo qué condiciones.

La supuesta preocupación de los defensores del copyright por el bienestar de los autores es puro cuento, por supuesto: es un secreto a voces que son pocos, poquísimos los autores que efectivamente hacen algún dinero con la venta de sus obras. Tomemos por ejemplo a Ignacio Escolar, un músico y periodista español que, habiendo lanzado un disco que estuvo en el 0, 7% de los títulos más vendidos de España, obtuvo por ese concepto menos de tres mil dólares a lo largo de tres años. Es posible que la industria de medios efectivamente crea su propia propaganda, según la cual sin un copyright estricto pronto no habrá obras que compartir, pero no es necesario que compartamos su equivocación cuando ejemplos como Wikipedia, el Software Libre o la menos conocida, pero vernácula Red Panal nos muestran a las claras que no es cierto.

Autores hubo y habrá antes, durante y después del copyright tal como lo conocemos, y en ninguno de estos períodos las ganancias por venta de copias de sus obras fueron parte importante de su sustento. Para un autor, el primer paso es tener público, recién después puede pensar en tener clientes. Hasta hace poco, la única manera de acceder a ese público era pasando a través de la industria de medios, y pagando el precio que ésta reclamara. Hoy, Internet ofrece a los autores y al público (que al fin y al cabo son los mismos: no hay autor que no sea más público que autor) una manera de encontrarse sin necesidad de intermediarios todopoderosos.

Digámoslo claramente: la cultura no es tal si no es compartida. Compartir obras es bueno para la sociedad, e Internet nos ofrece herramientas con las que podemos hacerlo fácilmente y a bajo costo. La industria de medios parece muy asombrada de que gente que no robaría “una cartera, un celular, un auto, una película” no tenga mayores remilgos en compartir obras a través de la red. La explicación es simple: aún cuando no lo hayamos analizado en detalle, todos tenemos la intuición perfectamente clara de que compartir obras y robar no sólo son acciones completamente distintas, sino opuestas: robar es dañino, compartir es beneficioso para la sociedad.

Lamentablemente, quienes redactaron nuestra ley de derecho de autor a principios del siglo XX, cuando los gramófonos eran la novedad, no previeron que los individuos llegarían a tener la capacidad de distribuir obras por sí mismos, y así tenemos una situación en la que una ley pensada para ser aplicada sólo a empresas comerciales está siendo aplicada a individuos que comparten obras sin fines de lucro. Es hora de que la cambiemos, es hora de decirle claramente a la industria de medios que la cultura es de la sociedad, y que pueden usarla para lucrar, ofreciendo productos que sean atractivos para sus clientes, pero no tienen derecho a forzarnos a que les paguemos para acceder a lo que es nuestro.

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