Muchos países (entre ellos la misma Unión Europea) optan por no contrariarlos, pero el comparativamente diminuto estado de Nueva Zelanda acaba de proponer una ley que claramente excluye al software de la posibilidad de patentamiento.

Lo interesante del asunto: el proyecto de ley contó con el aporte y el apoyo del Institute of IT Professionals. En Argentina, el tema de patentes de software se trató más de una vez en el marco de SADIO, pero nunca hubo una toma de posición clara al respecto.

¡Qué lindo debe ser tener una organización profesional que se ocupe de cosas importantes!

Sin embargo, voy a morder el anzuelo, con una salvedad: pocas cosas más lejos de mí que defender la necesidad específica del iPhone, un dispositivo que me resulta extremadamente antipático, y que recomiendo a todo el mundo evitar en la medida de lo posible, así que espero que me disculpen si en este artículo me dirijo a una pregunta un poco más genérica: “¿necesitamos tener el último smartphone?”. En realidad, gran parte del argumento se puede aplicar a muchas otras cosas además de smartphones, pero por hoy me concentro en ellos.

La objeción en general viene por el lado de que comprar esos aparatos nos cuesta divisas, y atenta contra la balanza comercial. Pero lo que tiene de interesante la balanza comercial es que tiene dos variables, y no sólo una: reducir las importaciones puede ayudar, pero más puede hacerlo aumentar las exportaciones.

Pensando en aumentar las exportaciones nos encontramos inmediatamente con al menos un grupo de gente que efectivamente necesita tener el último smartphone: aquellos que quieren ofrecer software y/o servicios para móviles. Es un mercado potencialmente muy lucrativo, y quienes están o quieren estar en él necesitan de los aparatos no sólo para confeccionar y probar sus programas, sino también para conocer sus capacidades, familiarizarse con el entorno, imaginar lo que es posible y generar ideas de qué se puede hacer. No tener el último smartphone implica que nuestros desarrolladores y empresarios activos en este mercado están en desventaja respecto de sus competidores internacionales.

Pongo ese grupo primero porque es el caso más claro, pero por cierto no soy tan ingenuo como para esperar que los ingresos por software y servicios móviles alcancen para mejorar significativamente la balanza comercial. Hace ya un buen rato que vengo argumentando que el impacto potencial de la exportación de software en sí es mucho menor que el que tendría si en su lugar fomentáramos el desarrollo de software para mejorar nuestra competitividad en los rubros que hacen el grueso de nuestras exportaciones.

Un argumento similar se aplica a este caso: los smartphones pueden ser “chiches”, pero también son herramientas. ¿Qué aplicaciones agropecuarias y/o industriales tiene un dispositivo que combina un micrófono, cámaras de video, GPS y demás sensores (más los que se le pueden agregar vía Bluetooth o lo que sea) con conectividad inalámbrica a la red? No lo sé exactamente, porque desconozco las actividades particulares, pero tengo una fuerte sospecha de que muchas, al punto que no quiero ni pensar en la cantidad de dinero que podría ganar si lo supiera.

¿Necesitamos, entonces, el último smartphone? Quizás no: si nos remitimos a Los Beatles, all you need is love, pero la cosa no es tan sencilla como parece. En particular, no estoy seguro de que una ascética decisión de prescindir de ellos no conspire contra nosotros mismos, privándonos de más oportunidades que las que se nos ocurren a primera vista.

Me enteré de cosas interesantes, efectivamente destronando prejuicios como que el que dice que en Tierra del Fuego (“la Tierra del Fuego“ decía siempre René) sólo se hace un ensamblaje muy primitivo: vimos videos de la producción de las máquinas del Programa Conectar Igualdad, partiendo de un circuito impreso desnudo y llegando a la máquina completa, pasando por la aplicación de pasta de estaño, la colocación de componentes, la soldadura, las etapas de verificación óptica… Si algo se puede decir de la charla, es que me hizo morir de envidia viendo los juguetes con los que esta gente trabaja.

Y ojo, que no sólo se trata del armado de las placas en sí, sino de armar toda la cadena logística necesaria para que los robots tengan componentes que colocar, más toda la programación para que los coloquen a todos y bien, y muchas cosas mas. Y sí, los componentes no se fabrican en Argentina, pero es absurdo esperar lo contrario. Si se fabrican sólo en un par de lugares en el mundo no es porque sea demasiado difícil, sino porque la inversión necesaria sólo se puede recuperar si vendés en volúmenes astronómicos. No hay lugar en el mundo para más de un puñado de fábricas de componentes, y no está mal que así sea.

Lo que se hace en Tierra del Fuego no es trivial.

Lamentablemente, la conferencia cumplió con la desmitificación, que es la primera mitad de su título, pero no logró convencerme de la segunda: si llegué con la sospecha de que el modelo industrial electrónico de Tierra del Fuego no es sostenible, salí convencido de que, efectivamente, no lo es.

El convencimiento viene de algunas observaciones hechas por el mismo René. Quizás la más significativa es la de que es ilusorio pensar en salir a exportar electrónica hecha en Tierra del Fuego, sencillamente porque es mucho más caro producir allí que en otros lados como China, de modo que la única manera de que alguien te pague el precio es, básicamente, que no pueda comprar en otro lado. Eso se puede hacer dentro de Argentina, simplemente bloqueando las importaciones, pero fuera de nuestras fronteras ya no es practicable forzar a alguien a que te pague más por lo mismo.

Esto quiere decir que Tierra del Fuego produce para Argentina, y sólo para Argentina, a un precio mayor que el que costaría importar los aparatos ya hechos, y dando trabajo apenas a un total de alrededor de 30.000 personas, lo que está bueno si sos una de ellas, pero que a escala nacional no mueve el amperímetro.

Para sostener eso, los consumidores pagan precios más altos, y el Estado subvenciona fuertemente una actividad en la que no tenemos perspectivas de competir internacionalmente, y que en realidad aporta muy poco valor agregado. Está bueno producir electrónica, pero como negocio apesta: si estudiamos adónde va a parar el dinero de un producto electrónico moderno como el iPad, fabricado en China con componentes fabricados en China con materias primas obtenidas en China, nos encontramos con que menos del 2% va a parar a China. El negocio no está en fabricar el aparato, está en diseñarlo y venderlo.

¿Realmente vale la pena, como sociedad, invertir tanto en algo con un retorno potencial tan bajo? ¿No sería mucho, pero mucho más sabio apostar a crear una industria que trabaje bastante más “arriba“ que la de manufactura electrónica, diseñando maquinaria avanzada para agricultura, medicina, entretenimiento, lo que sea, contratando chinos para que produzcan los circuitos lo más barato posible, y exportar el producto más complejo, de gran valor agregado y que no se consigue en otra parte?

Y ojo, que el precio no es solamente en dinero de los consumidores y de los subsidios: también está el costo de oportunidad que aparece cuando las demás actividades productivas no pueden contar con herramientas modernas porque no se las puede importar.

Tierra del Fuego produce computadoras adecuadas para el mercado hogareño y de entretenimiento, pero falla a la hora de proveer las máquinas más poderosas que son necesarias en actividades de diseño y desarrollo. René explicó que esto se debe a que este mercado es más pequeño, menos interesante para productores y distribuidores, y por lo tanto le prestan muy poca atención. El problema es que la oferta nacional no cubre esa demanda, la oferta internacional es inaccesible, y si bien se trata de un número menor de máquinas, su provisión es crucial para poder desarrollar las actividades de más alto valor agregado.

No sería un gran problema, en realidad abrir la importación de máquinas de altas prestaciones: no son tantas las que hacen falta, y no compiten realmente con la oferta nacional. Sin embargo, no hay excepciones, y quienes las necesitan simplemente se las tienen que arreglar con lo que hay.

Salí de la conferencia con sentimientos encontrados: por un lado, entiendo el orgullo y el entusiasmo de las personas que trabajan en esto, llevando adelante un proceso complejo y lleno de dificultades. Por otro, sin embargo, creo que ese trabajo no sólo no agrega suficiente valor a la sociedad como para justificar la inversión, sino que además obstaculiza el desarrollo de actividades más promisorias.

Sin embargo, algunas cosas están cambiando. Gracias al esfuerzo de amigos infinitamente más tolerantes que yo a la ingesta de batracios (admito de buena gana que el mío no es un récord difícil de batir), hace algunos meses que las máquinas se distribuyen configuradas para arrancar por defecto bajo GNU/Linux, y sólo arrancan Windows si el usuario lo elije explícitamente cada vez que la reinicia. Esto es un cambio significativo respecto de la política anterior, de arrancar bajo Windows a menos que el usuario pidiera lo contrario.

Más significativa aún puede resultar Huayra, una distribución de software libre basada en Debian, confeccionada dentro del programa, y diseñada específicamente para apoyar sus objetivos. Es posible que los méritos técnicos de Huayra, su modelo de desarrollo, así como cualquiera de la miríada de decisiones tomadas en su confección estén abiertos a debate, pero el mero hecho de su existencia es una muy buena señal.

Por un lado, servirá para mostrar a las autoridades del programa que el software libre les permite un grado de adaptación inalcanzable con software privativo. Por otro, el hecho de que sea un producto del mismo programa puede generar un justificado sentimiento de orgullo que los aliente a darle un rol cada vez más protagónico, en detrimento del software privativo.

En el mejor de los casos, Huayra puede ser la clave para desterrar definitivamente al software privativo del programa. En el peor de ellos, es un paso en la dirección correcta.

El fallo tiene muchos aspectos preocupantes, comenzando por la idea de que “el caso de marras presenta una manifestación de la libertad de expresión, la cual se ha inmiscuido en el ámbito del orden y la seguridad pública” y que por ello debe ser reprimido, lo que no tiene el más mínimo sentido. Aún suponiendo que todos los usos posibles de esa información fueran ilegales, eso no convierte a la información en sí en ilegal. Por ejemplo, no se me ocurren ejemplos legales de uso de bombas molotov, y mucho menos de bombas de caño, pero eso no quiere decir que esté prohibido publicar cómo fabricarlas.

Pero aquí quiero concentrarme en la parte de “no cazan una”. En este caso, los demandantes no tienen idea de lo que están pidiendo, el juez no tiene idea de lo que está ordenando, y el resultado de la causa es exactamente el contrario al que estaban persiguiendo (¡lo que en una de esas es bueno!).

Haciendo alarde de ignorancia técnica, los demandantes solicitan al juez que ordene a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a una lista de direcciones web (URLs), y el juez se lo concede. El problema es que los proveedores de Internet no son los que otorgan o deniegan acceso a páginas web. Su servicio consiste meramente en llevar paquetes de datos de un lado a otro, idealmente sin tener la menor idea de cuál es el contenido de esos paquetes: algunos son pedidos de páginas web, otros son llamadas telefónicas, otros son correos electrónicos, chat…

La única manera que tendrían los proveedores de Internet de bloquear el acceso a esas páginas sería inspeccionando todo el tráfico de los usuarios, registrando todas sus comunicaciones para detectar si están intentando acceder a las páginas prohibidas, lo que constituye una intromisión masiva de los ISP en la vida privada de los usuarios. De golpe no sólo tienen permiso, sino obligación de espiar todas las comunicaciones de todo el mundo.

Las consecuencias de la ignorancia no se limitan a crear un mecanismo de vigilancia masivo que viola la intimidad de todo el mundo. Además es completamente inefectivo a los fines buscados, por tres razones separadas:

1. Hay muchas más páginas que muestran la misma información, que no son bloqueadas, y es trivial crear nuevas páginas con el mismo contenido, de modo que quienes buscan esta información siguen teniendo acceso a ella.
2. Aún pese al bloqueo, las mismas páginas siguen estando disponibles mediante el simple recurso de usar un servidor proxy (basta ingresar “web proxy” en su buscador favorito para encontrarlos).
3. Antes de esta demanda, pocas personas sabían de la existencia de instrucciones que permitieran desbloquear las netbook. Hoy, en virtud del inevitable Efecto Streisand, mucha más gente sabe no sólo que existen, sino además dónde buscarlas

Por cierto, si bien el último punto fomenta la divulgación de esta información, que es exactamente lo contrario de lo que pretendían los demandantes, se trata del único resultado positivo de la orden judicial.

Para entender por qué, basta con tener en cuenta que si había pocas personas que sabían cómo se desbloquean las notebooks, los potenciales ladrones de notebook estaban entre los que sí lo sabían. Muchos padres estaban tranquilos dejando que sus niños llevaran la notebook encima, pensando que el bloqueo de las notebook las hacía poco atractivas para el robo, pero esa tranquilidad estaba injustificada. Al menos ahora, sabiendo que no es así, podrán tomar precauciones adecuadas para proteger a sus niños de un peligro que desconocían.

Dos perlas de sabiduría del artículo, una sobre los jueces:

Es difícil decidir sobre algo que no se conoce o sobre lo que no se entiende demasiado. Pero aún peor es que por el uso cotidiano que se le da actualmente a la teconología (cualquier abogado de hoy maneja un procesador de texto y se conecta habitualmente a Internet) genera cierta comodidad engañosa que permite que los jueces estén fallando “por boca de ganso”.

A ningún magistrado se le ocurriría decidir sobre temas médicos sin consultar a peritos especialistas en la materia, pero por ser usuarios habituales de Internet (quién no entró en Google alguna vez) sienten que con una mera analogía basta y sobra para entender en este tipo de asuntos.

Y otra sobre el abuso de la fe que dan (en realidad, venden) los escribanos:

Mirando una computadora que muestra un sitio web, el escribano no está preparado para certificar si ese material está en el servidor de origen, en el servidor de determinado proveedor de Internet que brinda el servicio de conexión, en el servidor proxy de la institución, empresa o estudio desde donde se está haciendo la consulta o inclusive, si se trata de una página local que está en la propia computadora que se usa.

Tampoco saben distinguir si se trata de contenido actual o pasado y si se trata de páginas de terceros que remiten a la original y que han guardado una copia. No tienen en cuenta si determinado texto está en el servidor local o si se trata de un simple link externo que remite a información lejana publicada por terceros.

Como soy bastante consciente de la salvaguarda de mi intimidad, siempre verifico los permisos que las apps piden antes de instalarlas, y me encontré con que esta aplicación exige acceso irrestricto a la red (comprensible, de lo contrario no podría funcionar, aunque estaría bueno que Android nos diera un control más fino que la disyuntiva acceso irrestricto a la red/ningún acceso a la red), pero además quiere permiso para enviar SMS y para leer toda mi agenda de contactos.

Ninguno de esos permisos parece necesario para cumplir el propósito del programa, de modo que llamé al banco para averiguar por qué lo pedían. Demoré cerca de veinte minutos para explicarle a la operadora que no se trataba de ningún error, que todavía no había siquiera instalado el programa, que simplemente quería que me explicaran por qué quieren acceso a mi lista de contactos. Luego de unos minutos de música en la línea, me informó que me comunicaría con Banelco, “que es quien se encarga de la aplicación”.

Efectivamente, en el Play Store de Android se puede ver que la aplicación no es del HSBC, sino de Banelco, quien aparentemente ofrece la misma app con distintas apariencias a varios bancos (Patagonia, Macro, Itaú, Supervielle y otros). En todas sus encarnaciones, este programa pide los mismos permisos.

Una vez conectado con Banelco, tuve nuevamente una larga conversación hasta que la operadora comprendiera el problema, y luego de una corta espera, me informó que “lo de los SMS es para que pueda recibir mensajes con promociones“. Le expliqué una vez más que el permiso que pedía no era para recibir SMS sino para enviarlos, a lo que siguió esta vez una espera muy larga con música funcional.

Al cabo de más de un cuarto de hora esperando, la operadora volvió, pidiéndome un número de teléfono para llamarme y contestar mi pregunta cuando averiguaran la respuesta. “Lo llamaremos dentro de la próxima hora“. Eso fue hace más de ocho horas. No he tenido noticias.

La dificultad para siquiera explicar el problema me hace sospechar que debo ser uno de los poquísimos potenciales usuarios que se fijaron en los permisos requeridos, y que probablemente haya miles de clientes de Banelco que usan ese programa sin siquiera saber que tiene acceso a toda su lista de contactos, sin ninguna razón plausible. Eso me merece varias reflexiones:

1. El avance tecnológico sigue muy por delante de la comprensión del usuario común, que probablemente ni siquiera sepa para qué sirve la pantalla que, cada vez que va a instalar una aplicación, le pide que otorgue los permisos que el programa requiere.
2. El avance tecnológico probablemente siga muy por delante de la comprensión de los bancos. ¿Sabrán los bancos que contratan esta app que están alentando a sus clientes a entregar a Banelco información íntima? O, si nos ponemos cínicos, ¿cuánto les cobrará Banelco a los bancos para darles esa información?
3. Google está impulsando una serie de reglas que deben ser cumplidas por los programas para ser aceptados en el Play Store. Una de esas reglas debería ser “no exigir más permisos que los estrictamente necesarios para cumplir la función”.
4. El instalador de aplicaciones debería ofrecer la posibilidad de denegar permisos individuales del programa antes de instalarlo. Esto significa que cuando la aplicación intente realizar la acción no permitida, seguramente se caerá, pero podría llegar a ofrecer funcionalidad parcial.
]]> http://federratas.codigolibre.net/?feed=rss2&p=533 1 http://federratas.codigolibre.net/?p=527 http://federratas.codigolibre.net/?p=527#comments Tue, 02 Oct 2012 11:04:17 +0000 Fede http://federratas.codigolibre.net/?p=527 No lo digo yo, lo dicen Michele Boldrin y David Levine, profesores de la Washington University en St. Louis, en un working paper que publicaron para el Federal Reserve Bank de St. Louis. El núcleo del argumento, según mi traducción:

Una mirada detenida a la evidencia histórica e internacional sugiere que, si bien es cierto que sistemas débiles de patentes pueden mejorar ligeramente la innovación con efectos colaterales limitados, los sistemas fuertes de patentes retardan la innovación y tienen muchos efectos colaterales negativos. Tanto teórica como empíricamente, la economía política de los sistemas de patentes administrados por el gobierno indica que las legislaciones débiles generalmente evolucionan hacia una protección fuerte, y que la demanda de protección más fuerte de las patentes viene de industrias y empresas viejas y estancadas, no de las nuevas e innovadoras. Así, la mejor solución es abolir completamente las patentes a través de medidas constucionales fuertes y buscar, cuando haya evidencia clara de que la libre competencia no está proveyendo suficiente innovación, otros instrumentos legislativos menos abiertos al lobby y a la búsqueda de renta para fomentarla.

¡Ramen!

]]> http://federratas.codigolibre.net/?feed=rss2&p=527 1 http://federratas.codigolibre.net/?p=520 http://federratas.codigolibre.net/?p=520#comments Thu, 20 Sep 2012 13:42:02 +0000 Fede http://federratas.codigolibre.net/?p=520 La última vez que escribí sobre la Cruzada para Tipificar el Delito de Suplantación de Identidad Digital terminó armándose un lindo (bueno, al menos acalorado) debate, tanto aquí como en el sitio de los que la proponen.

Luego de muchas idas y vueltas, terminamos en que la única acción de estas personas caracterizan como “robo de identidad digital” que no es ya delito por otras razones (estafa, robo, etc.) corresponde a aquellos casos en los que algún individuo se hace pasar por otro (ponele, un político) en foros digitales y postea cosas desde esa identidad asumida, lo que podría afectar su reputación.

Personalmente, no me parece que el código penal deba asignar tanto valor al amor propio de personas públicas demasiado susceptibles, y parece que no estoy solo en esa apreciación. En particular, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó en 2011, a raíz del caso de un periodista filipino que la Declaración Universal de Derechos Humanos exige que incluso en casos de difamación las sanciones penales deben ser reservadas para casos extremos, y advierte que el encarcelamiento nunca es una pena apropiada (párrafo 8.9 de la decisión).

]]> http://federratas.codigolibre.net/?feed=rss2&p=520 2 http://federratas.codigolibre.net/?p=512 http://federratas.codigolibre.net/?p=512#comments Tue, 04 Sep 2012 21:47:50 +0000 Fede http://federratas.codigolibre.net/?p=512 Me preocupa este tipo de historia, en la que nic.ar deniega sin justificación el registro de un dominio. El hecho de que luego sí acepten un dominio prácticamente igual, pero con un color político diferente, es una muestra adicional de la discrecionalidad con la que estas cosas se administran en Argentina, pero también una bienvenida señal de que, a juicio de nic.ar, al menos la crítica a ciertos políticos es aceptable. La denegación meramente administrativa del registro de un dominio, en cambio, es una inadmisible restricción al derecho de libre expresión.

Sres de nic.ar: la red no es de ustedes. Su trabajo sólo consiste en administrar la base de nombres, y no les corresponde a ustedes decidir si un dominio es aceptable o no: eso es tarea de los jueces. Mientras no haya un fallo en firme que sostenga que tal o cual dominio no debe ser aceptado, la responsabilidad de nic.ar es registrarlo, y nada más.

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