¿Será que no estamos tan lejos como pensamos?

Acabo de leer un artículo de Ana Montes, “La víctima acudió a la cita”, en la que relata su asistencia a un evento de Fundación Vía Libre, durante el cual Julio Raffo presentó su proyecto de ley de reforma de la ley 11.723. Se trata de un proyecto del que espero no ser del todo inocente: tengo la ilusión de que mis charlas con Julio hayan contribuido a su gestación, y él tuvo la gentileza de compartir conmigo los primeros borradores.

Teniendo en cuenta que el título de la nota dá clara cuenta de que Ana se siente víctima del proyecto, y que escribe en representación de La Migré, abordé la lectura esperando la habitual, aburridísima y mal informada queja de que sin un derecho de autor draconiano los autores se morirían de hambre. No fui defraudado: allí están ese y muchos otros despistados lugares comunes como el que dice que el derecho de autor, tal como lo conocemos, es un derecho humano (no lo es).

Sin embargo, a mitad del artículo me tropiezo con esta frase, resaltada por ella misma:

Los autores estamos a favor de la libre circulación de los contenidos en la red y el único que debe pagar es quién negocia con nuestros deseos de crear y de ser re-creados.

La dificultad de reconciliar esta idea con el resto del artículo no alcanza para opacar la alegría de encontrar una coincidencia: sí, los autores estamos a favor de la libre circulación de las obras1 en la red (y en otros ámbitos), y precisamente por eso debemos apoyar la reforma de la 11.723, porque esa ley es una de las más restrictivas del mundo, y activamente conspira contra la circulación de las obras.

Bienvenida entonces, Ana (¿y con ella la Migré?) a las huestes reformistas de la 11.723. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero si realmente estamos a favor de la libre circulación de las obras, no podemos menos que coincidir en que es necesario relajarla fuertemente. El resto es cuestión de detalles.

  1. Entiendo que las industrias hablen de “contenidos”: para quienes fabrican contenedores (libros, CDs, DVDs), el “contenido“ es la excusa para venderlos. Para los fabricantes de botellas, el vino es “contenido“, pero no creo que los autores debamos hacer propio ese relegamiento a segundo plano de nuestro trabajo. []

Sépanlo, neocelandeses: les envidio la organización profesional de informáticos

Es público y notorio que Estados Unidos hace tiempo que está usando estrategias dignas del matoncito del recreo para lograr que en todo el mundo se acepten las mismas patentes de software que están impidiendo la innovación en su propio territorio.

Muchos países (entre ellos la misma Unión Europea) optan por no contrariarlos, pero el comparativamente diminuto estado de Nueva Zelanda acaba de proponer una ley que claramente excluye al software de la posibilidad de patentamiento.

Lo interesante del asunto: el proyecto de ley contó con el aporte y el apoyo del Institute of IT Professionals. En Argentina, el tema de patentes de software se trató más de una vez en el marco de SADIO, pero nunca hubo una toma de posición clara al respecto.

¡Qué lindo debe ser tener una organización profesional que se ocupe de cosas importantes!

Reductio ad iPhone

Cada vez que participo en una discusión acerca de las restricciones a la importación de tecnología informática, invariablemente aparece alguien que sale con “loco, hay cosas más importantes que tener el útimo iPhone” o “pero se nos va la vida en dólares si dejamos que la gente se compre iPhones”. Es un argumento un tanto tramposo, porque trivializa la cuestión: estábamos hablando de la imposibilidad de conseguir herramientas avanzadas, y de golpe estamos en el terreno de los chiches o “artículos de lujo”.

Sin embargo, voy a morder el anzuelo, con una salvedad: pocas cosas más lejos de mí que defender la necesidad específica del iPhone, un dispositivo que me resulta extremadamente antipático, y que recomiendo a todo el mundo evitar en la medida de lo posible, así que espero que me disculpen si en este artículo me dirijo a una pregunta un poco más genérica: “¿necesitamos tener el último smartphone?”. En realidad, gran parte del argumento se puede aplicar a muchas otras cosas además de smartphones, pero por hoy me concentro en ellos. (más…)

La industria electrónica de Tierra del Fuego: ¿hacer bien algo que no hace falta?

Hoy asistí a la conferencia “Desmitificando Tierra del Fuego. Sustentabilidad del Modelo industrial Electrónico”, dictada por René Ceballos, un ingeniero que hace 24 años que vive y trabaja en la isla.

Me enteré de cosas interesantes, efectivamente destronando prejuicios como que el que dice que en Tierra del Fuego (“la Tierra del Fuego“ decía siempre René) sólo se hace un ensamblaje muy primitivo: vimos videos de la producción de las máquinas del Programa Conectar Igualdad, partiendo de un circuito impreso desnudo y llegando a la máquina completa, pasando por la aplicación de pasta de estaño, la colocación de componentes, la soldadura, las etapas de verificación óptica… Si algo se puede decir de la charla, es que me hizo morir de envidia viendo los juguetes con los que esta gente trabaja.

Y ojo, que no sólo se trata del armado de las placas en sí, sino de armar toda la cadena logística necesaria para que los robots tengan componentes que colocar, más toda la programación para que los coloquen a todos y bien, y muchas cosas mas. Y sí, los componentes no se fabrican en Argentina, pero es absurdo esperar lo contrario. Si se fabrican sólo en un par de lugares en el mundo no es porque sea demasiado difícil, sino porque la inversión necesaria sólo se puede recuperar si vendés en volúmenes astronómicos. No hay lugar en el mundo para más de un puñado de fábricas de componentes, y no está mal que así sea.

Lo que se hace en Tierra del Fuego no es trivial.

Lamentablemente, la conferencia cumplió con la desmitificación, que es la primera mitad de su título, pero no logró convencerme de la segunda: si llegué con la sospecha de que el modelo industrial electrónico de Tierra del Fuego no es sostenible, salí convencido de que, efectivamente, no lo es. (más…)

Huayra: ¿Se viene Conectar Igualdad Libertad?

Para quienes impulsamos el software libre como una causa política, el Programa Conectar Igualdad ha sido una amarga decepción, sobre todo por la decisión de equipar a las máquinas con Microsoft Windows, que llevó a Richard Stallman a rebautizarlo como “Condenar a Maldad”. De esa manera, la enorme inversión que el Estado hace en el programa sirve de presupuesto de mercadeo para Microsoft, que llega así a millones de nuevos usuarios, muchos de los cuales nunca antes usaron una computadora.

Sin embargo, algunas cosas están cambiando. Gracias al esfuerzo de amigos infinitamente más tolerantes que yo a la ingesta de batracios (admito de buena gana que el mío no es un récord difícil de batir), hace algunos meses que las máquinas se distribuyen configuradas para arrancar por defecto bajo GNU/Linux, y sólo arrancan Windows si el usuario lo elije explícitamente cada vez que la reinicia. Esto es un cambio significativo respecto de la política anterior, de arrancar bajo Windows a menos que el usuario pidiera lo contrario.

Más significativa aún puede resultar Huayra, una distribución de software libre basada en Debian, confeccionada dentro del programa, y diseñada específicamente para apoyar sus objetivos. Es posible que los méritos técnicos de Huayra, su modelo de desarrollo, así como cualquiera de la miríada de decisiones tomadas en su confección estén abiertos a debate, pero el mero hecho de su existencia es una muy buena señal.

Por un lado, servirá para mostrar a las autoridades del programa que el software libre les permite un grado de adaptación inalcanzable con software privativo. Por otro, el hecho de que sea un producto del mismo programa puede generar un justificado sentimiento de orgullo que los aliente a darle un rol cada vez más protagónico, en detrimento del software privativo.

En el mejor de los casos, Huayra puede ser la clave para desterrar definitivamente al software privativo del programa. En el peor de ellos, es un paso en la dirección correcta.

Por ejemplo, el Dr. Luis Eduardo Rodríguez no tiene idea de lo que hace

El Diario judicial decía hace unos días que “En la era de Internet, los jueces no cazan una”. Con la ayuda del Sr. Sergio Leonardo Rodríguez, Director de Asuntos Penales y Jurídicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Sra. María José Pérez, Coordinadora de Actuaciones Penales de la ANSES, el Dr. Luis Eduardo Rodríguez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 parece querer erigirse en un ejemplo de esta situación, al ordenar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a páginas web que explican cómo desbloquear las notebooks del plan Conectar Igualdad.

El fallo tiene muchos aspectos preocupantes, comenzando por la idea de que “el caso de marras presenta una manifestación de la libertad de expresión, la cual se ha inmiscuido en el ámbito del orden y la seguridad pública” y que por ello debe ser reprimido, lo que no tiene el más mínimo sentido. Aún suponiendo que todos los usos posibles de esa información fueran ilegales1, eso no convierte a la información en sí en ilegal. Por ejemplo, no se me ocurren ejemplos legales de uso de bombas molotov, y mucho menos de bombas de caño, pero eso no quiere decir que esté prohibido publicar cómo fabricarlas.

Pero aquí quiero concentrarme en la parte de “no cazan una”. En este caso, los demandantes no tienen idea de lo que están pidiendo, el juez no tiene idea de lo que está ordenando, y el resultado de la causa es exactamente el contrario al que estaban persiguiendo (¡lo que en una de esas es bueno!). (más…)

  1. Dos usos concretos que no lo son: 1) Cuando la red no funciona y los técnicos no van a tiempo, haciendo que la burocracia en la administración del TPM evite el uso previsto del equipo. 2) Cuando el equipo es cedido, al final de la escuela y la persona que lo tiene para su uso personal decide desactivar el TPM para poder cambiar el BIOS y poner una imagen de booteo que le gusta más. []

“En la era de Internet, los jueces no cazan una”

El título suena a exabrupto mío, pero no: es la “nota de fondo” del 9/11/2012 en el Diario Judicial. La directora, Analía Zygier acaba de convertirse en mi heroína de la semana.

Dos perlas de sabiduría del artículo, una sobre los jueces:

Es difícil decidir sobre algo que no se conoce o sobre lo que no se entiende demasiado. Pero aún peor es que por el uso cotidiano que se le da actualmente a la teconología (cualquier abogado de hoy maneja un procesador de texto y se conecta habitualmente a Internet) genera cierta comodidad engañosa que permite que los jueces estén fallando “por boca de ganso”.

A ningún magistrado se le ocurriría decidir sobre temas médicos sin consultar a peritos especialistas en la materia, pero por ser usuarios habituales de Internet (quién no entró en Google alguna vez) sienten que con una mera analogía basta y sobra para entender en este tipo de asuntos.

Y otra sobre el abuso de la fe que dan (en realidad, venden) los escribanos:

Mirando una computadora que muestra un sitio web, el escribano no está preparado para certificar si ese material está en el servidor de origen, en el servidor de determinado proveedor de Internet que brinda el servicio de conexión, en el servidor proxy de la institución, empresa o estudio desde donde se está haciendo la consulta o inclusive, si se trata de una página local que está en la propia computadora que se usa.

Tampoco saben distinguir si se trata de contenido actual o pasado y si se trata de páginas de terceros que remiten a la original y que han guardado una copia. No tienen en cuenta si determinado texto está en el servidor local o si se trata de un simple link externo que remite a información lejana publicada por terceros.

¿Para qué quiere Banelco leer mi lista de contactos?

Tengo cuenta en el banco HSBC. Hoy, usando el sistema de banca electrónica, me entero de que ofrecen una aplicación Android para hacer varios trámites desde el celular. No me gusta la idea de correr software del banco en mi celular, pero teniendo en cuenta que ya le confío al banco mi dinero, y que Android tiene un modelo de seguridad bastante bueno, consideré la posibilidad de instalarlo.

Como soy bastante consciente de la salvaguarda de mi intimidad, siempre verifico los permisos que las apps piden antes de instalarlas, y me encontré con que esta aplicación exige acceso irrestricto a la red (comprensible, de lo contrario no podría funcionar, aunque estaría bueno que Android nos diera un control más fino que la disyuntiva acceso irrestricto a la red/ningún acceso a la red), pero además quiere permiso para enviar SMS y para leer toda mi agenda de contactos. (más…)

“La mejor solución es abolir las patentes”

No lo digo yo, lo dicen Michele Boldrin y David Levine, profesores de la Washington University en St. Louis, en un working paper que publicaron para el Federal Reserve Bank de St. Louis. El núcleo del argumento, según mi traducción:

Una mirada detenida a la evidencia histórica e internacional sugiere que, si bien es cierto que sistemas débiles de patentes pueden mejorar ligeramente la innovación con efectos colaterales limitados, los sistemas fuertes de patentes retardan la innovación y tienen muchos efectos colaterales negativos. Tanto teórica como empíricamente, la economía política de los sistemas de patentes administrados por el gobierno indica que las legislaciones débiles generalmente evolucionan hacia una protección fuerte, y que la demanda de protección más fuerte de las patentes viene de industrias y empresas viejas y estancadas, no de las nuevas e innovadoras. Así, la mejor solución es abolir completamente las patentes a través de medidas constucionales fuertes y buscar, cuando haya evidencia clara de que la libre competencia no está proveyendo suficiente innovación, otros instrumentos legislativos menos abiertos al lobby y a la búsqueda de renta para fomentarla.

¡Ramen!

Cruzada por la Violación de los Derechos Humanos

La última vez que escribí sobre la Cruzada para Tipificar el Delito de Suplantación de Identidad Digital terminó armándose un lindo (bueno, al menos acalorado) debate, tanto aquí como en el sitio de los que la proponen.

Luego de muchas idas y vueltas, terminamos en que la única acción de estas personas caracterizan como “robo de identidad digital” que no es ya delito por otras razones (estafa, robo, etc.) corresponde a aquellos casos en los que algún individuo se hace pasar por otro (ponele, un político) en foros digitales y postea cosas desde esa identidad asumida, lo que podría afectar su reputación.

Personalmente, no me parece que el código penal deba asignar tanto valor al amor propio de personas públicas demasiado susceptibles, y parece que no estoy solo en esa apreciación. En particular, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó en 2011, a raíz del caso de un periodista filipino que la Declaración Universal de Derechos Humanos exige que incluso en casos de difamación las sanciones penales deben ser reservadas para casos extremos, y advierte que el encarcelamiento nunca es una pena apropiada (párrafo 8.9 de la decisión).